LA QUERELLA QUE CONFIESA

Siete semanas después de la resolución de reintegro, los promotores de la operación movieron la pieza que lo cambiaba todo de tablero: el 29 de abril de 2014, Fernando Carcedo y Cándido Iriarte presentaron una querella criminal en Bilbao contra Claudiu Apolozan (A.8; original en DOC-0172). Los hombres que captaron el proyecto, gestionaron la solicitud y firmaron la documentación pasaban a ser, procesalmente, las víctimas. Y el dueño del software, el acusado.

Pero la querella contiene una frase que sus autores no debieron escribir jamás. Al relatar los hechos, el texto dice — literalmente — que "D. Fernando Carcedo Sedano, en nombre y representación de la empresa… solicitó al Gobierno Vasco la inclusión…". Es decir: el documento que acusa a Apolozan de la gestión fraudulenta empieza reconociendo que la gestión la hizo el querellante.

En derecho procesal eso tiene un nombre técnico — confesión incrustada —, pero no hace falta el tecnicismo para entender su alcance: la pieza fundacional de toda la causa penal lleva dentro, desde el primer día, la prueba de descargo del acusado y de cargo contra quienes lo acusaban. Estuvo ahí durante toda la instrucción, durante el juicio y durante la condena. Bastaba con leerla.