EL GOBIERNO VASCO PIDE LA EUROORDEN

Siete días después de la providencia, el 30 de octubre de 2018, entró en la causa un escrito que define este caso mejor que ningún otro papel de su última etapa: la acusación ejercida en nombre del Gobierno Vasco solicitó formalmente "orden de detención nacional y una euroorden de detención" contra Apolozan (DOC-0145, pp. 91-98, donde consta por duplicado; firma el letrado de su servicio jurídico).

Deténgase el lector en quién pedía qué. La administración que tramitó la solicitud sin poderes, que certificó 1.778.000 euros y luego los declaró cero, que incoó el incumplimiento en la quincena sincronizada de noviembre de 2013, que publicó en su boletín lo que sus archivos desmentían — esa misma administración pedía ahora la detención europea del hombre que la había denunciado (A.12) y que sostenía contra ella una reclamación de fondo sobre el GAUZATU.

No era una parte neutral pidiendo auxilio judicial: era la denunciada pidiendo la detención de su denunciante, en vísperas del juicio donde el relato de ambos iba a confrontarse. La euroorden — un instrumento concebido para terroristas y criminales fugados — se solicitaba contra un constructor con domicilio certificado por Hacienda y sin una sola diligencia que acreditara búsqueda alguna.

El instrumento más severo de la cooperación judicial europea, pedido por la parte con más interés en que el acusado llegara al juicio como "el fugado". Eso también quedó escrito, firmado y archivado.