Copia autorizada de la escritura de compraventa de acciones de Iriarte Grupo Lanzarote S.A. (año 2.012, número 701 de protocolo), otorgada el 16 de mayo de 2012: Cándido Iriarte Berroeta vende; Constantin-Claudiu Apolozan y Luis-Fernando Carcedo Sedano compran el 80%. Es el único título que vincula a Apolozan con la sociedad — y es del día siguiente a la solicitud de fondos presentada en su nombre.

Requerimiento de subsanación del expediente GAUZATU, fechado en Bilbao el 11 de junio de 2012 (sello de entrada del 14 de junio): el punto 3 exige la copia del poder de representación a favor de quien tramitaba la solicitud. Ese poder no consta aportado en el expediente. La Administración documentó su propia duda — y siguió tramitando.

Documentación de las actuaciones de la Hacienda Foral de Bilbao de las que resulta una deuda de 149.040 euros imputada a Apolozan — y la constancia de que sus notificaciones se entregaron en el domicilio de Bilbao. El mismo contribuyente sería tratado después como "no localizado" entre 2010 y 2014 en otros expedientes.

Copia de la querella presentada el 29 de abril de 2014 ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Bilbao contra Apolozan, por presuntos delitos societarios (arts. 290-297 CP) y apropiación indebida (art. 252 CP). Su propia relación de hechos consta que fue D. Fernando Carcedo, en nombre de la sociedad, quien solicitó los fondos al Gobierno Vasco.

Actuación del Ministerio Fiscal de Bilbao y formulación de la acusación (conclusiones de octubre de 2016). Sus dos afirmaciones nucleares — gestión efectiva de la sociedad desde el 16 de mayo de 2012 y liberación de fondos sobre facturas ficticias — pueden cotejarse con los documentos públicos del mismo expediente.

Denuncia dirigida por Apolozan a la SPRI y al Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco en octubre de 2012, describiendo la gestión irregular del expediente GAUZATU, el uso de su identidad y el préstamo vinculado a su nombre sin su autorización. Es anterior en un año a la declaración de incumplimiento y en dieciocho meses a la querella.

Auto de libertad y detención sin efecto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante, de 23 de septiembre de 2017 (DP 1749/2017): Apolozan, detenido en virtud de resolución del Juzgado nº 8 de Bilbao por no localización, es puesto en libertad provisional sin fianza el mismo día de su presentación.

Denuncia presentada por Apolozan contra las actuaciones del Juzgado de Instrucción nº 8 y de la Fiscalía de Bilbao, con remisión a la documentación registral y administrativa del caso. No consta examen ni respuesta material a la denuncia.

Resolución de la Audiencia Provincial de Bilbao de enero de 2019 que acuerda la detención e ingreso en prisión de Apolozan, semanas antes del juicio oral, con fundamento en su no localización — mientras el parte policial de la actuación recoge su domicilio. La medida quedó posteriormente sin efecto: el acusado no compareció al juicio desde prisión.

Grabación de audio — metadatos internos del 29 de septiembre de 2017 — de la conversación con la responsable contable de la gestoría de Bilbao que llevaba la documentación de la sociedad. Versa sobre quién entregaba las facturas y sobre el contexto de la denuncia. Consta ofrecida al procedimiento; no consta practicada como prueba.

Secuencia del registro oficial del juicio (31 de enero de 2019): al reanudarse la grabación tras un tramo de 11 minutos sin registro, el acusado consta ya dentro de la sala — no entra por la puerta — y al fondo se aprecia un testigo también presente; a continuación se desaloja a los presentes y se les vuelve a llamar, presentando como inicio de la sesión lo que la imagen muestra ya empezado. El testigo corrobora la escena por declaración jurada (A.20).

Secuencias del registro oficial del plenario: las expresiones de desinterés del tribunal hacia las declaraciones del acusado, y el interrogatorio de un testigo citado obligatoriamente desde Rumanía sin nombramiento de intérprete — pese a que el propio acusado notificó al estrado que el testigo no entendía español. Ambas escenas son reproducibles desde esta ficha.

Declaración jurada suscrita en Alicante el 2 de abril de 2024 por un testigo presente en la sala el 31 de enero de 2019: describe lo ocurrido en la fase inicial del juicio y su ausencia del registro audiovisual entregado. Fuente testifical independiente del soporte técnico.

Secuencia sobre la omisión de prueba clave en el registro del juicio: otro corte — de casi 6 minutos — en las grabaciones oficiales de la sesión del 31 de enero de 2019, en el episodio en que el presidente atribuyó al acusado una protesta que el audio existente no recoge y abandonó la sala.

Secuencia que documenta la orden de no grabar la práctica de la prueba — recogida por el propio registro de la sala — y los tramos de práctica probatoria ausentes del acta audiovisual. En el material conservado consta además la declaración del querellante Cándido Iriarte reconociendo que la inversión materializada superaba lo abonado.

Documentación del uso, en piezas acusatorias, de una denominación incorrecta del proyecto tecnológico: "miavatar.com" en lugar de mildeseos.com — el nombre que consta en el expediente administrativo, en las valoraciones técnicas y en el rastro público de internet.

Capturas y registros del archivo histórico de internet sobre mildeseos.com: instantáneas de marzo y julio de 2012, actividad continuada entre 2012 y 2014, y rastro de archivo que abarca de 2007 a 2021. Fuente neutral, externa a las partes, verificable en línea.

Sentencia 21/2019, de 5 de abril, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia — magistrados González-Guija Jiménez (presidente), Iruretagoyena Sanz y Pueyo Rodero (ponente), con intervención del fiscal Ortiz Márquez —, notificada el 15 de abril. Condena a una pena cercana a los nueve años. Sus hechos probados pueden cotejarse, uno a uno, con los documentos de esta cronología.

Recurso de casación contra la Sentencia 21/2019, presentado el 12 de julio de 2019 ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y tramitado como recurso 3241/2019. Invocaba, entre otros motivos, la vulneración de preceptos constitucionales que el artículo 852 LECrim habilita como vía casacional. Permaneció pendiente casi dos años.

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2021, recurso 3241/2019 — ponente Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet —, que desestima la casación y confirma la condena. El tratamiento que dispensa a los documentos elevados puede comprobarse leyendo la resolución.

Recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional el 20 de julio de 2021 — siete semanas después de la firmeza — invocando el artículo 24 de la Constitución: tutela judicial efectiva, proceso con todas las garantías, derecho a la prueba y presunción de inocencia. El inventario constitucional del caso, formulado en tiempo y forma.

Resolución de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 22 de febrero de 2022: inadmite el recurso de amparo sin examen de fondo. Con ella, ningún órgano judicial español — instrucción, audiencia, Supremo, Constitucional — analizó el cotejo documental que constituye el núcleo del caso.

Demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presentada el 24 de junio de 2022 — en plazo desde la inadmisión constitucional — invocando los artículos 6, 6.2 y 8 del Convenio y el artículo 1 del Protocolo nº 1. Incluye la resolución de inadmisión dictada por el TEDH en formato de juez único.

Informe pericial de criminalística forense de 19 de julio de 2023, emitido por Antonio Miguel Rodríguez Castillo, perito judicial colegiado nº 111, sobre las grabaciones del juicio (ref. caso 1.RPA 00000080/2017): concluye que el material audiovisual fue alterado repetidamente, con orientación a distorsionar los hechos en perjuicio del acusado. Examen reproducible: los originales y sus firmas siguen disponibles (A.39.3).

Dossier que reúne el peritaje A.33 y un análisis técnico reproducible del registro audiovisual sobre el propio sistema oficial del tribunal (ARCONTE). Confirma las observaciones del peritaje —inicio oficial a las 09:58:24 frente al primer fotograma a las 10:09:21 y un corte de 5 min 40 s, en torno a 17 minutos en total— y añade un hallazgo que el peritaje no recogía: el sistema firmó nueve grabaciones y solo se entregaron siete. Verificación reproducible mediante huellas SHA-256 sobre los originales (A.39.3). Análisis asistido por inteligencia artificial; no sustituye a una pericial judicial.

Denuncia presentada el 18 de junio de 2023 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, suscrita por D. Pascu Cosmin Apolozan: expone el caso completo — fondos FEDER incluidos — y señala la destrucción de pruebas en el procedimiento de Bilbao, con el peritaje forense como soporte.

Decreto del Fiscal Jefe de Bizkaia en el expediente gubernativo 168/2023 (noviembre de 2023): desestima la denuncia por entender que reitera planteamientos previos sin elementos nuevos, e indica al denunciante que acuda a otros órganos. El peritaje forense aportado está fechado en julio de 2023.

Solicitud de autorización para interponer recurso de revisión, presentada el 4 de septiembre de 2023 ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: invoca los hechos y pruebas nuevos del artículo 954 LECrim — el peritaje forense de julio de 2023 y los folios 35, 125 y 132-140 del expediente administrativo.

Informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2024, en el procedimiento de revisión 20914/2023: interesa la inadmisión de la solicitud. No consta en su texto el examen de las conclusiones del peritaje forense ni de los folios administrativos aportados.

Resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2024 (revisión 20914/2023): inadmite la solicitud de revisión, asumiendo la posición fiscal. Cierra el último cauce interno. El recuento final del caso queda fijado: siete mecanismos de control, ningún examen del fondo documental.

Segunda demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presentada el 15 de mayo de 2024 — tres meses después de la inadmisión de la revisión (A.38). Incorpora lo que la demanda de 2022 no podía contener: el peritaje forense sobre las grabaciones del juicio y la negativa documentada del Estado a examinarlo.

Testimonio videograbado — metadatos internos del 14 de febrero de 2019 — de Metin Rasim, propietario de la mercantil Daxserv, cuya gestión la acusación atribuyó a Apolozan. El propietario declara que la sociedad es suya y que su administración correspondía a Fernando Carcedo, con domicilio social en la residencia de éste.

Testimonio videograbado de Ionut Matoiu, de la misma campaña testifical de febrero de 2019, que corrobora la declaración de Metin Rasim (A.39.1) sobre la titularidad y administración de Daxserv: dos fuentes coincidentes, identificadas y disponibles.

Registro audiovisual original del juicio, generado por el sistema ARCONTE de la Administración de Justicia: sesiones del 31 de enero y 18 de febrero de 2019, con sus ficheros de firma electrónica (.p7b) y metadatos de serie. Es el patrón técnico contra el que se verifican los cortes — y contiene las declaraciones que el procedimiento no valoró.

Documentación de la solicitud de embargos instada por Fernando Carcedo y Cándido Iriarte en junio de 2014 — semanas después de la querella — sobre la base de la deuda foral de unos 150.000 euros (A.7). A su estela, la AEAT de Alicante activó un expediente del IRPF 2009: un ejercicio cuya prescripción de cuatro años (art. 66 LGT) había vencido en 2014.

Recurso especial de revisión presentado ante la AEAT el 3 de octubre de 2016 — con acuse de registro — al conocer los embargos en curso en Rumanía y antes de consumarse las expropiaciones: pedía la suspensión, la comunicación regular de las actuaciones conforme a la propia Directiva 2010/24/UE y la devolución del IVA retenido. Fue inadmitido por extemporaneidad.

Denuncia por prevaricación contra el Jefe de Recaudación, con sello de entrada del 19 de diciembre de 2016, y auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante (DP 2231/16) que la devuelve al denunciante por no guardar relación con el procedimiento — sin remisión de oficio al órgano competente.

Solicitud de auxilio y de devolución del IVA presentada ante la AEAT el 30 de abril de 2018: la reclamación formal del crédito fiscal soportado durante años de actividad — documentado en la propia facturación de las obras (A.66) — que no consta respondida en forma alguna.

Denuncia presentada el 10 de octubre de 2016 ante el Decanato de Alicante contra las actuaciones del frente tributario, y los autos de su tramitación — incluidos los dos de la Audiencia Provincial de 2019: el de 21 de marzo, que estima la apelación, y el de 31 de mayo, que desestima lo mismo. Dos fallos opuestos, mismo órgano, mismo objeto, sin hecho nuevo entre ambos.

Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alicante de 26 de abril de 2019: sobreseimiento provisional de las actuaciones contra las irregularidades de la AEAT, fundado en los informes de la propia AEAT — sin que conste valoración del informe pericial ni de la documentación de descargo aportada.

Informe pericial de las obras de Villajoyosa (C/ Alemanya 171, Alicante), expediente A19PJ173, emitido el 10 de julio de 2019 y firmado digitalmente por el perito José Manuel Berenguer Tarruella: la cuantificación técnica de la realidad y los costes de las obras — las partidas que las liquidaciones de la AEAT computaron a cero.

Solicitud de nulidad de pleno derecho del artículo 217 LGT, presentada el 22 de junio de 2019 contra el expediente IRPF de los embargos (ref. 200910048551510K): extemporaneidad del ejercicio, liquidación sin computar costes y tramitación sin audiencia efectiva. El plazo legal de resolución era de seis meses; la respuesta (A.59) llegó en octubre de 2021.

Recurso de amparo del frente alicantino, presentado el 11 de septiembre de 2019 contra los autos de 2019 que cerraron la vía penal frente a las actuaciones de la AEAT (A.47, A.48) — inadmitido por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional, y elevado después al ámbito europeo.

Demanda contencioso-administrativa de 14 de octubre de 2020 (procedimiento ordinario 444/2020, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante) contra las actuaciones ejecutivas de la AEAT: extemporaneidad, pericial de costes y revisión de oficio. La Abogacía del Estado contestó el 17 de noviembre interesando la remisión a la Sala.

Actuaciones del procedimiento de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia nº 14 (junio de 2022): la pérdida de la vivienda del solicitante con un menor a cargo — el punto final material del recorrido patrimonial que este expediente documenta acto por acto.

Denuncia de 28 de agosto de 2021 ante la Fiscalía de Alicante contra la actuación del Juzgado de Instrucción nº 3: permitir las expropiaciones siendo advertido de que se basaban en falsificaciones. La Fiscalía no actuó; afirmó que el asunto correspondía al Supremo — y no lo remitió al Supremo.

Denuncia de 21 de octubre de 2021 ante la Fiscalía de Alicante contra la actuación del Juzgado de Instrucción nº 1: la validación como reales de unos 125.000 euros de deuda tributaria tomando como única fuente los informes de la Hacienda denunciada, sin diligencia propia de comprobación y con la pericial de costes disponible.

Denuncia de 7 de agosto de 2018 ante la Fiscalía contra las actuaciones de la Instrucción nº 2 y la Audiencia Provincial de Alicante, con tres peticiones expresas de comunicación institucional: a las autoridades antifraude, al Consejo General del Poder Judicial y a las autoridades de Rumanía. Ninguna de las tres comunicaciones consta practicada.

Orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública (Departamento de Gestión Tributaria, referencia 2021GRT48550110A, octubre de 2021) que resuelve la solicitud de nulidad de pleno derecho presentada el 22 de junio de 2019 (A.50): la respuesta legalmente debida en seis meses, firmada al máximo nivel más de dos años después, con lo impugnado ya ejecutado.

Recurso contencioso-administrativo de 17 de enero de 2022 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial de 25 de octubre de 2021 (A.59) — interpuesto dentro del plazo legal de dos meses, frente a una Administración que había tardado veintiocho en responder.

Demanda formalizada el 18 de mayo de 2022 ante la Sección 7ª de la Audiencia Nacional (procedimiento ordinario 60/2022, NIG 28079-23-3-2022-0000617), dentro del plazo de veinte días del artículo 52.1 de la Ley 29/1998, sobre el expediente administrativo que la propia Sala entregó — el archivo de la Administración convertido en prueba contra ella.

Compendio de trece documentos institucionales (A.68.1–A.68.13): denuncia a la OLAF (caso 18907), Petición 1070/2024, requerimiento del artículo 265 TFUE, solicitud de protección de denunciante (caso 24469), oficio de la EPPO, asunto T-328/24, respuesta del TEDH a las medidas del artículo 39 y cartas al Presidente del TEDH y a la APCE. Cada pieza con fecha y referencia; las ausencias de respuesta, a fecha cierta.